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2026-04-22

Detectan irregularidades por más de 200 mdp en la gestión de Abelina López

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​CHILPANCINGO, GRO. | En un golpe a la narrativa de transparencia de la administración de Acapulco, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló inconsistencias financieras que ascienden a $206,217,800.00 pesos dentro de la Cuenta Pública 2024. La cifra representa una “fuga” potencial del 15.3% del presupuesto federal auditado.

​Los hallazgos: ¿Error administrativo o desvío?
​El dictamen de la ASF no se limita a señalar la falta de documentos; sugiere una violación directa a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. De las acciones emprendidas, destacan:
​2 Pliegos de Observaciones: Estos son los más graves, pues implican una presunción de daño patrimonial al erario.

​5 Promociones de Responsabilidad Administrativa: Un llamado a investigar a los funcionarios encargados de ejecutar el gasto.
​La defensa del Ayuntamiento: “Sin sentencia no hay delito”

​Ante la difusión del dictamen, el Gobierno Municipal de Acapulco activó un control de daños inmediato. A través de un comunicado, enfatizaron que las observaciones no son resoluciones definitivas.

​”No existe resolución firme que determine responsabilidad administrativa o daño patrimonial”, aseguró el gobierno de López Rodríguez, apostando a la etapa de solventación, donde el municipio tendrá la oportunidad de presentar pruebas para “limpiar” las observaciones.

​Lo que realmente enciende las alarmas para el cierre de la administración es el anuncio de una revisión forense para el ejercicio 2025. A diferencia de una auditoría tradicional, la técnica forense busca: ​Rastrear el origen y destino final del dinero: Investigar si los proveedores son empresas reales o “fantasmas”.

​Identificar patrones de fraude: Analizar si los contratos fueron adjudicados de manera dirigida o con sobreprecios.

​Este tipo de revisiones suelen ser el preámbulo para procesos ante la Fiscalía General de la República (FGR).


​La administración de Abelina López se encuentra en una encrucijada técnica. Aunque legalmente tiene el beneficio de la duda mientras solventa las pruebas, el impacto político es inmediato. Con un 15% del gasto observado, la narrativa de “honestidad” se enfrenta a la frialdad de los números federales.

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